📜 El Rompecabezas de la Muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi
Héctor Cavallero: "en el 2010, Rosario contará con 100.000 adictos"
El título no es un error. El ex intendente -ya fallecido-, Héctor Caballero se anticipó en el tiempo, aunque se quedó corto en lo que concierne a la cifra y, en el 2022 en Rosario, el concepto futurista fue sobrepasado por la realidad.
El 2 de enero de 1993 el comisario general Mariano Savia tocaba el cielo con las manos. Había llegado, merecidamente, a la cúspide de la pirámide de la policía de Rosario y, ese año, el por entonces diputado nacional por el Partido del Progreso Social le entregó una nómina de 20 lugares donde se distribuían y vendían estupefacientes. El político sostuvo en el año 2010 nuestra ciudad tendría, al menos, 100.000 adictos, según planes foráneos.
El autor de esta columna, que durante casi tres décadas hizo periodismo policial en varios medios de comunicación de Rosario, nunca tuvo en sus manos la resultante de los procedimientos que debían haberse producido por ese informe.
El expediente Farías
El crecimiento en el consumo de drogas derivó en una mayor comercialización y luego, como resultante, en el aumento de presuntos actos de corrupción y suficiente investigación como los que ejemplificamos seguidamente:
El 10 de septiembre de 1993, José Luis Farías, de 41 años, se “suicidó” con las manos esposadas, encaramándose a la baranda del segundo piso del Palacio de Jefatura de Santa Fe al 1950 –según la versión policial- arrojándose al vacío.
Farías no tenía antecedentes y había sido detenido por una trasgresión menor, según consta, en ese tiempo, en las actuaciones del juez de Instrucción de la 14ta. Nominación de Rosario.
El 24 de marzo de 1995, el policía Rubén Albornoz, de 22 años y 10 meses de antigüedad en el organismo de seguridad -Brigada de Orden Urbano- le disparó en la boca a Juan Manuel Maidana, de sólo 17 años, debido a que este último le preguntó ¿Qué mirás?
El juez de Instrucción de la 10ma. Nominación, Carlos Carbone, le dictó a Albornoz, prisión preventiva por homicidio simple.
En estos tres casos la droga no se mencionaba, pero sí crecían las sospechas de corrupción entre las autoridades. Era evidente que el tema drogas no merecía una preocupación importante a nivel federal, ya que se creía que Argentina era un país de tránsito.
Cajas negras
Ya la policía provincial, a cargo del comisario general Ángel A. Rúa, desde el 29 de diciembre de 1995, a los tribunales provinciales rosarinos arribó un documento escrito.
Se revelaba en el mismo el funcionamiento de las “cajas negras”, esto es el monto de los “peajes” que se le pagaban a “La Santafesina” para garantizar el desarrollo de comercios ilegales de todo tipo: desde los mecanismos de la prostitución al narcotráfico. Una vez más, no pasó nada.
En febrero de ese mismo año, el senador provincial Osvaldo Salomón denunció que el estado santafesino “dejó de recaudar 700 mil pesos mensuales por el juego clandestino”. La recaudación de la provincia por quiniela oficial, había alcanzado 40 millones de pesos durante 1994. Salomón no tenía empacho en decir: “Existen conexiones entre el juego clandestino y el tráfico de drogas en Santa Fe”.
Treinta días más tarde, se decía una vez más lo que desde 1988 el vicegobernador Antonio “Juguete” Vanrell repetía cada vez que podía: “La DEA estadounidense equipa a la policía santafesina”.
Por esos días también se informaba que 100 kilos de droga circulaban en el país y que el 90 por ciento de las sustancias se utilizaban en el consumo.
En Santa Fe, mientras tanto, la droga ya se comentaba que formaba parte de las cajas negras. Un documento, que habría llegado a manos de un camarista penal de la justicia provincial –el doctor Otto Crippa García– así lo indicaba.[1]
El texto está firmado por oficiales de la Unidad Regional II, fechado el 3 de abril de 1995. El documento –me dicen- tiene el logo policial y tomó estado judicial como comunicado número 5.
En el mismo se explicaba, más allá del libelo sobre la existencia de recaudadores oficiales de dinero extralegal y el porqué de la falta de seguridad en el sur de la provincia de Santa Fe, se mencionaba a “los superiores carentes de moral y la más mínima vergüenza”.[2]
Incremento de la recaudación
El informe indicaba, además, que desde 1992 a 1995, “se recaudaron por izquierda 12.300.000 pesos, a razón de 300 mil mensuales”. La denuncia, una vez más, fue desestimada” [3] o, al menos, no fue investigada suficientemente.
El tiempo, ese invento genial de los humanos, no cesaba de avanzar: El 22 de abril de 1995 Juan Álvarez, de 42 años, apareció ahorcado en su celda de la seccional 18va. Había sido apresado en su domicilio a las 0.30 del día sábado y figuraba como detenido a las 3 horas en la vía pública. Rúa, impasible, siguió en su cargo.
En el juzgado de Instrucción de la 14ta. Nominación tomaron en cuenta que no se le habían retirado el cinturón y los cordones tras la captura.[4]
El 19 de noviembre del mismo año –1995-, en la ciudad de Santa Fe, tras un “supuesto enfrentamiento”, fue procesado el cabo Ceferino Ovelar, quien en 1994 había sido privado de usar armas por consejo médico, tras matar a un asaltante. Tres años más tarde, -1998- Ovelar fue condenado a 8 años de prisión.
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Con fechas 10 y 28 de junio de 1996, se dictan autos de procesamiento, en los que se acepta la jurisdicción y competencia para admitir querellas contra el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Las resoluciones quedaron firmes, al no ser recurridas por el Ministerio Fiscal ni por las acusaciones que de esta forma terminaban por aceptar, sin reservas, la jurisdicción y competencia de la justicia.
El atentado a Fassino
El 26 de julio de 1996 la periodista Marta Fassino, sufrió un atentado con una bomba de estruendo en su domicilio de calle Piedras 7200, de la capital provincial. Ya había recibido amenazas por sus investigaciones periodísticas sobre la represión ilegal en Santa Fe y por tal motivo tenía custodia policial en su domicilio.
Días antes de la explosión, había dedicado en su programa, un amplio espacio a los campos clandestinos de represión. Por esos días circulaba el Informe del doctor Marcelo Borgonovo, que sirvió de disparador para separar policías vinculados a la causa Feced. Curiosamente, en el momento de producirse la deflagración, la vivienda de Fassino[5], curiosamente, no contaba con custodia policial.
El 4 de octubre de 1996 se cursó una comisión rogatoria internacional a la Argentina para recibir la declaración -sobre hechos denunciados, como imputado y con traslado a la querella-, al general Galtieri.
Una bomba, de fabricación casera, detonó el 10 de octubre de 1996, provocando la rotura de mampostería de la casa de Rolando Gentile, ubicada en Necochea 1990 de Rosario.[6]
Y el 16 de noviembre de 1996 el juez de Instrucción de la 14ta. Nominación de Rosario, doctor Adolfo Prunotto Laborde caratuló como muerte accidental, la que sufriera Jorge Pablo Constantino, de 20 años, quien cayó desde una terraza. Ello fue así, a pesar que las organizaciones de derechos humanos señalaron que “el cuerpo ofrecía huellas de castigo”.[7]
A los pocos días, el 22 de noviembre de dicho año para ser más precisos, la policía desarmó un artefacto explosivo que había sido colocado frente al domicilio de la docente Nilda Villar.[8] D
El caso del desarmadero
Las informaciones policiales primarias indicaban que un joven, en compañía de otros, estaba sustrayendo elementos del interior de un desarmadero de automóviles.
Las autoridades, tras conocer el episodio, rodearon el lugar y se enfrentaron –siempre al decir de las mismas-, en un tiroteo, donde resultó abatido Néstor Paniagua, de 19 años.
Los vecinos declararon que la víctima del presunto enfrentamiento no estaba armada y los familiares negaron la versión oficial. Según estos últimos “lo ataron de las manos y lo acribillaron”. En la causa intervino el juez de Instrucción de la 3ra. Nominación, Luis María Caterina.
Posteriormente, el 23 de enero de 1997 se desenvuelve dicha comisión rogatoria internacional sin lograr los objetivos antes explicitados y en ese mismo día se acuerda una nueva remisión y ampliación de la comisión al Ministerio de Relaciones Exteriores paraque haga lo indecible, a los efectos de lograr que las autoridades argentinas accedan al cumplimentar la solicitud.
Por ese entonces Galtieri ni siquiera había sido juzgado. Es más, ni siquiera se le había iniciado procedimiento alguno por los hechos en los que estaba incriminado y el Ministerio Fiscal – según fuentes que pidieron no ser identificadas-, se mostró contrario a la medida en ese momento procesal.
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Y es aquí que debemos detenernos en el correlato del proceso histórico para recalcar un aspecto que posteriormente, con el correr de los años, se tornaría decisivo para discutir el procedimiento judicial que llevó a los militares a aplicar un proceso exterminador: la justicia de Argentina hace historia de los movimientos políticos, sociales y criminales generados en 1975, que derivaron en el golpe de marzo de 1976.
También brinda, dicho correlato, un detalle de la actuación de la Triple A hasta los primeros meses de 1976 y su enfrentamiento con organizaciones revolucionarias tales como ERP y Montoneros, hasta conseguir la sensación de desastre institucional y social, a los efectos de presentar a la presidenta María Isabel Cartas como incapaz de dirigir el país y para posibilitar que los militares se hagan cargo de la situación, dando “cobertura legal” a la represión iniciada con el decreto 281/75 del 5 de febrero de 1975, que lleva la firma del ex general Jorge Rafael Videla, en el que se autoriza a la realización de operaciones de represión en Tucumán, que dieron origen al “Operativo Independencia”, iniciado el mismo día y año.
Meses más tarde, el 6 de octubre de 1975, con la firma de Ítalo Luder, se pusieron en funcionamiento dos decretos, uno de los cuales permite la constitución del Consejo de Seguridad Interior y el Consejo de Defensa, a través de los cuales se buscó el ordenado aniquilamiento, a nivel nacional, de la “subversión”.
A partir de ese fatídico 6 de octubre, se inicia un proceso para ultimar preparativos destinados a toma el poder y desarrollar, en gran escala, un plan de eliminación y desaparición sistemática de personas de diferentes bloques de la población, la que fue clasificada por profesión, adscripción ideológica, religiosa, sindical, gremial e intelectual y que terminó también afectando a estudiantes, trabajadores, amas de casa, etc.
La “Internacional del terror”
El plan, como detallamos en otros capítulos de este trabajo, terminó en la conformación de un bloque continental que podemos calificar como una especie de “internacional del terror”, que en nuestro país se instrumentó a partir de la subdivisión territorial militar y nacional, largamente explicada en publicaciones destinadas al análisis minucioso de la represión.
Sólo basta decir que la decisión judicial explica con detalle dicha subdivisión y los mecanismos que permitían, secretamente, realizar interrogatorios bajo condiciones de tortura, secuestros para realizar “operaciones de limpieza” que afectaban a los estamentos sociales de manera indiscriminada, fusilamientos, dando en lo público, una sensación de que la violencia social en las calles había desaparecido, ya que habían dejado de aparecer masacrados en las calles grupos de personas.
Con ello lograron que la población no conociera la existencia de aproximadamente 340 centros de detención clandestinos, asimilables a campos de concentración, donde se consumaba el exterminio de personas, depositadas en fosas comunes, el lanzamiento de otras vivas mediante “vuelos de la muerte”, violaciones y desapariciones, cuyo número final minucioso se desconoce. A ello debe agregarse saqueos de bienes, con rapiñas abyectas y la desaparición de más de 500 recién nacidos, arrebatados a sus padres detenidos.
La decisión judicial, en el cuarto punto del detalle de los hechos, luego se interna en el área operacional del II Cuerpo de Ejército, en las responsabilidades de los generales a cargo- entre los que se encontraba el aludido Galtieri-, la enumeración de los centros clandestinos, así como el detalle del caso de secuestro protagonizado por Miguel Ángel Labrador, ocurrido en septiembre de 1976, quien que su familia trabajaba en la explotación de un negocio de venta de calzado en Rosario.
Miguel terminó detenido el 10 de septiembre de 1976 y en la ex Jefatura de Policía, el 2 de octubre se lo admite públicamente desde las autoridades policiales, a través del comisario inspector Antonio Ávila. Tiempo más tarde, es el propio -por ese entonces general de brigada- Galtieri quien admitió que Miguel “posiblemente esté muerto”.
El expediente detallado
El detalle judicial de los hechos ocurridos señala que: “el 10 de octubre de 1976, veinte hombres encapuchados y armados entre policías y militares, a cuyo frente estaba José Rubén Lofiego (a) “El ciego” ocuparon el domicilio de Víctor Labrador y su esposa, a quienes informaron que habían dado muerte a su hijo Palmiro Labrador y a su esposa Edith Graciela Koatz, tras lo cual golpearon a Víctor Labrador y comenzaron a saquear su casa. Le sustrajeron la llave de la fábrica de calzados y la vaciaron también.
A las 2,30 de la madrugada Víctor salió de su domicilio para ir a la casa de los fallecidos. Allí se entera que la banda de “El Ciego” o “Mortensen” habían golpeado a sus familiares, uno de los cuales –Oscar Rubén Rivero– fue atado a una silla y obligado, con torturas, a firmar varios cheques con fechas de vencimientos postdatados, siendo el primer vencimiento el 17 de noviembre de 1976 por el importe de 60 millones de pesos. Luego le desvalijaron la casa. Habrían participado los oficiales Alberto Vitantonio, Antonio Ávila y su yerno.
Oscar Rivero fue a la casa de Palmiro Pérez y allí se encontró con un tiroteo inventado para eliminar a Palmiro y a su esposa Edith, así como a Víctor Labrador.
Enfrentamiento falso
Al día siguiente, el matutino de la ciudad dio a conocer el enfrentamiento a través de un comunicado del Comando del II Cuerpo de Ejército. En realidad, las víctimas no tenían armas y habían sido torturados, según la hija de Víctor Labrador, esto es María Manuela.
A los efectos de no cansar al lector con consideraciones jurídicas, nos abstenemos de exponerlas acerca del fallo sobre el incumplimiento de tratados internacionales invocados por el juez argentino para que se cumplimenten sus disposiciones.
Esto implicaba, sí vale apuntarlo, el incumplimiento de tratados bilaterales como el de Asistencia Judicial en Materia Penal, la Convención de Viena y las resoluciones dictadas por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.
Tampoco podemos obviar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que declaró a las leyes de Punto final Obediencia Debida, incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el congreso argentino el 1º de marzo de 1984.
El fallo enumeraba incompatibilidades entre las leyes y convenios internacionales y las leyes de Punto final y de Obediencia Debida., a la vez que imputaba a las autoridades argentinas, -encargadas de dar curso a las investigaciones-, “dejar que un manto de silencio ominoso cubra por siempre los hechos que aquí se pretenden investigar y sancionar”.
La justicia se pronunció en su fallo y en relación con el caso que nos ocupa, señalando que “los hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo” y previamente había hecho lo mismo con el de genocidio.
Finalmente y luego de implicar a Galtieri como participante activo de determinados hechos y copartícipe de otros, junto a numerosos militares como inductor de asesinatos , secuestros y desapariciones, dispuso emitir órdenes de detención internacional para obtener su extradición, tener por imputados a los citados Vitantonio, Lofiego y Ávila y emitir una rogatoria para lograr sus declaraciones, según órdenes del doctor Baltasar Garzón Real, juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. [9]
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Por si hubiera, a estas alturas de la investigación, lectores que desconozcan quien fue Leopoldo Fortunato Galtieri, aportamos algunos parágrafos sobre el mismo.
Fue Galtieri un activo promotor del golpe del 76, y sus relaciones militares hicieron que fuera nombrado general de división en 1977 y teniente general en 1980, pasando, en 1981, a integrar la Junta Militar, junto a Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Doso.
El mismo año, tras la destitución de Videla y el nombramiento de Roberto Eduardo Viola, el militar que nos ocupa fue a Estados Unidos, bajo la presidencia de Reagan, quien consideraba a las fuerzas armadas argentinas como una fuerza de lucha contra el comunismo, motivo por el cual lo recibió cálidamente, a la vez que le hizo suministrar información de seguridad y asistencia en dicha área.
Ocupó, de facto, debido a sus diferencias con el general Viola, la presidencia de la Junta Militar y un mes más tarde la presidencia, tras destituir a dicho militar, entre 1981 y 1982, en el marco del Proceso de Reorganización Nacional, una expresión de profundo desprecio de la vida democrática por parte de las fuerzas armadas y un ejemplo de incapacidad para mantener el orden social sin generar la muerte de ciudadanos argentinos.
Sus críticos sostienen que, para contener el fuerte descontento popular por la situación política y económica, generada en este último ámbito por Roberto Alemam, intentó desviar las tensiones declarando la guerra a Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Entre marzo y abril de 1982 hubo cinco manifestaciones antigubernamentales, en las que se expresó un cerrado repudio por la restricción del gasto público, la compresión del circulante, la privatización de empresas del Estado y el congelamiento de salarios que derivó en una depresión de características gigantescas. Tres de las protestas fueron organizadas por familiares de desaparecidos, quienes fueron reprimidos en todos los casos con dureza, produciéndose la muerte de uno de los manifestantes. Así, el 26 de marzo Galtieri dispuso la realización de la “Operación Rosario”, un plan de invasión a las Islas Malvinas para canalizar la animosidad popular en un conflicto bélico.
El desembarco
Aunque no es el objetivo de la presente investigación que el lector está conociendo, no podemos dejar de mencionar que el 2 de abril de 1982 un contingente al mando del contralmirante Carlos Busser desembarcó en la Isla Soledad, tomando prisionero al gobernador británico. Tras la toma de Port Stanley, lo rebautizó Puerto Argentino, casi sin bajas militares, provocando manifestaciones populares con voces multitudinarias de apoyo.
Rosario no escapó a esas expresiones populares y muchos de los que con el tiempo criticaron el haberse lanzado nuestro país a esa guerra impracticable, se desgañitaban gritando a favor de la Junta frente a la intendencia, la Catedral y el correo de Rosario. Muy pocos advirtieron de la pésima decisión tomada y de sus consecuencias infernales.
Pronto los militares argentinos tuvieron que hacer frente a la Task Force de la Armada de Inglaterra, a la que el gobierno chileno de Augusto Pinochet le brindó apoyo logístico y de inteligencia.
Argentina, sin apoyo logístico y con una reducida inteligencia militar, sólo con adecuado apoyo aéreo, a pesar de algunos resultados positivos parciales, se vio ante una situación insostenible y el 29 de mayo Goose Green fue reocupado por los ingleses, a pesar de la destrucción del destructor británico HSS Sheffield.
Finalmente, el 14 de junio de 1982, el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas, rindió Puerto Argentino a las tropas de la reina.
Galtieri, en virtud de los hechos, renunció el 17 de junio y su cargo fue ocupado, interinamente por el general ibérico Alfredo Oscar Saint Jean, mientras una nueva Junta Militar, compuesta por el general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Franco y el brigadier general Augusto Hughes, se hacían cargo de las fuerzas armadas.
Menéndez abandonó también el cargo tras el estrepitoso fracaso militar, siendo condenado por sus acciones negligentes en la conducción de la guerra –mayo de1986- por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, aunque posteriormente fue indultado por el ex presidente Carlos Menem en 1990. Respecto de los crímenes del Proceso fue absuelto, en primera instancia por los delitos civiles.
En tanto Galtieri, en julio de 2002 fue puesto bajo arresto domiciliario como prisión preventiva por la reapertura de las causas sobre desaparición de menores y otros crímenes de lesa humanidad durante el período de su servicio al frente del II Cuerpo de Ejército.
Su avanzada edad y su deteriorada salud le permitieron continuar refugiado en su domicilio hasta que fue internado a fin de año por complicaciones derivadas de un cáncer del páncreas. El 12 de enero del 2003 dejó de existir como consecuencia de un paro cardíaco.
Vale aclarar que la Guerra de Malvinas no formaba parte de nuestro rompecabezas, pero no hemos querido soslayar datos básicos para que el lector comprenda el marco de determinadas acciones sobre las que nuestra ciudad sufrió la pérdida irreparable de rosarinos que defendieron a su patria en las islas.
Volveremos a colocar más piezas rosarinas para seguir completando nuestro rompecabezas en las columnas que se sucederán hasta el presente.
[1] Extraído de Internet. El asesinato de Sandra Cabrera. Info 341. 19/5/06
[2] ídem anterior.
[3] Idem items 3 y 4.-
[4] 3er. Foro Memoria y Sociedad- período 1985- 1998.-
[5] Diario La Capital. 23/7/2000. Pág. 16
[6] Íbidem
[7] Foro Memoria y Sociedad. Informe 3. Dra. Matilde Bruera, profesor Rubén Naranjo, doctor Roberto Shcoler. 27/12/ 1998. Pág. 3
[8] Íbidem.
[9] Equipo Nizkor. Derechos Humanos en la Argentina- Juicio por desaparecidos españoles en Argentina. Decreto de prisión provisional incondicional de Leopoldo Fortunato Galtieri.
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*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política
Foto: Héctor "Tigre" Cavallero. (Foto: Diario El Ciudadano)
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